Resumen: La sentencia analizada examina en este caso la concurrencia de los requisitos que determinan la responsabilidad civil de la empleadora en caso de accidente de trabajo, en un supuesto en el que el actor, conductor de vehículos, tras sufrir una avería subió a la cabina del camión cuando este estaba situado encima de la góndola remolque y cayo desde dicha altura. La Sala tras exponer la doctrina judicial en materia de responsabilidad civil derivada de AT, confirma la sentencia de instancia por entender fue el trabajador el que incumplió las medidas de seguridad , habiendo acreditado la empleadora que había adoptado todas las medidas necesarias para prevenir y en este caso evitar el riesgo, que finalmente se produjo.
Resumen: Los actores recurren en suplicación la sentencia del Juzgado de lo Social, que desestimó su demanda de reclamación de salarios de tramitación contra el Estado y la empresa demandada. La Sala de lo Social considera que, aunque los plazos procesales estaban suspendidos por el estado de alarma debido a la pandemia de Covid-19, esto no afecta al devengo de los salarios de tramitación, ya que la responsabilidad del Estado no se exime por dicha suspensión, por ello se estima el recurso, se revoca la sentencia de instancia y se condena al Estado a abonar a los actores las diferencias en los salarios de tramitación, fijando las cantidades a pagar.
Resumen: Desestimación de recurso de suplicación por falta de pruebas de acoso laboral.
La parte actora interpone un recurso de suplicación contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de Logroño, que desestimó su demanda de tutela de derechos fundamentales contra dos empresas de seguridad y una compañera de trabajo, alegando vulneraciones a su integridad física y moral. En la instancia, se concluyó que no existían indicios suficientes de acoso laboral, ya que las quejas de la demandante se basaban en un conflicto interpersonal y en la falta de comunicación, lo que llevó a la activación de un protocolo de acoso que no encontró pruebas concluyentes de las alegaciones. El tribunal de suplicación ratifica esta decisión, argumentando que los hechos denunciados, como la asignación desigual de turnos y la difusión de quejas, no constituyen acoso laboral, sino incumplimientos normativos que no afectan a la dignidad de la trabajadora. Además, se destaca que los informes médicos que vinculan su estado de salud a situaciones de acoso no son suficientes para probar la existencia de tal acoso, ya que las alegaciones de la demandante no fueron acreditadas. Por lo tanto, el tribunal desestima el recurso y confirma la sentencia de instancia. El fallo concluye con la desestimación del recurso de suplicación interpuesto por la parte actora, confirmando la resolución del Juzgado de lo Social.
Resumen: Se interpone un recurso de suplicación por parte de la recurrente contra el auto que declaró que la solicitud de reconocimiento del grado I de la carrera profesional era competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa. La Sala de lo Social analiza la normativa aplicable y la jurisprudencia relevante, concluyendo que la reclamación es de carácter individual y no colectivo, lo que le otorga competencia para conocer del asunto. Argumenta que la cuestión del reconocimiento del derecho al acceso a la carrera profesional no está sujeta a la misma normativa que los conflictos colectivos.
Resumen: Tanto la parte actora como la empresa condenada recurren en suplicación la sentencia de instancia, que estimó parcialmente la demanda de reclamación de cantidad presentada por varios trabajadores contra la entidad demandada, un Centro Especial de Empleo, y el Fondo de Garantía Salarial. Los demandantes solicitan el abono de diferencias retributivas y del complemento por incapacidad temporal desde octubre de 2021, argumentando que la empresa no ha cumplido con lo establecido en el convenio colectivo aplicable. Por su parte, la empresa impugna la sentencia alegando que no corresponde el abono de dichas diferencias, argumentando que aplicó correctamente las tablas salariales del convenio del sector textil, ajustadas a la jornada efectivamente realizada. La Sala de lo Social desestima ambos recursos, tras analizar los argumentos de ambas partes, concluyendo que la empresa no puede aplicar proporcionalidad en la jornada, ya que el convenio colectivo de atención a personas con discapacidad establece que las retribuciones deben ser las fijadas en el convenio del sector, sin remisión a la jornada. Asimismo, se determina que el complemento por incapacidad temporal no se considera un concepto salarial, por lo que no se aplica el artículo del convenio de atención a personas con discapacidad, al no admitir el espigueo. También desestima el recurso de los actores ya que la denuncia ante la Inspección de Trabajo efectuada por el Comité de Empresa no interrumpió la prescripción de la acción de reclamación de los actores.
Resumen: La actora interpone recurso de suplicación contra la sentencia del Juzgado de lo Social que desestimó su demanda de extinción indemnizada de la relación laboral, alegando incumplimientos empresariales y acoso por parte de la coordinadora del centro. En la instancia, se probó que la trabajadora había estado en situación de incapacidad temporal y que la empresa había seguido el protocolo de acoso, solicitando su colaboración, aunque la actora no asistió a la cita. La recurrente argumenta que recibió constantes llamadas de la coordinadora durante su baja, lo que vulneraría su derecho a la desconexión digital, pero la Sala de lo Social desestima el recurso tras considerar que solo se registraron dos llamadas de la médico de la empresa, no de la coordinadora, y que estas no constituyen acoso. Además, no hay indicios de vulneración de derechos fundamentales que justifiquen la inversión de la carga de la prueba.
Resumen: La empresa demandada recurre en suplicación la sentencia del Juzgado de lo Social, que declaró improcedente el despido del actor, argumentando la falta de motivación y la insuficiencia de los hechos probados, así como la inexistencia de la relación laboral. La Sala de lo Social desestima el recurso, al considerar que la sentencia de instancia contiene suficientes elementos fácticos y una adecuada motivación, rechazando la revisión de los hechos probados por no cumplir con los requisitos establecidos. Además, se concluye que la relación laboral entre las partes está debidamente acreditada, independientemente de la situación administrativa del actor en el país.
Resumen: Se interpone recurso de suplicación por la persona demandante contra la sentencia del Juzgado de lo Social que desestimó su demanda por falta de jurisdicción. La parte actora solicitaba el reconocimiento de su derecho a acceder a la carrera profesional y a percibir el complemento correspondiente, alegando que la resolución impugnada vulneraba su derecho a la tutela judicial efectiva. La Sala de lo Social, tras analizar los fundamentos de derecho, concluye que la competencia corresponde a la jurisdicción social, dado que se trata de una reclamación individual y no colectiva y que la interpretación de los acuerdos que afectan a personal laboral y funcionario debe ser abordada en este ámbito.
Resumen: Se interpone un recurso de suplicación por parte de la Consellería de Facenda y la Consellería de Política Social contra la sentencia del Juzgado de lo Social que había estimado la demanda de la parte actora, reconociendo su derecho al complemento de carrera profesional, Grado I, desde el 1 de enero de 201, y condenando a las administraciones a su abono y a los atrasos correspondientes. La parte recurrente argumenta la falta de competencia del orden social para conocer sobre la aplicación de acuerdos entre la Xunta y organizaciones sindicales. La Sala de lo Social desestima el recurso y considera que la reclamación individual de la trabajadora debe ser resuelta por la jurisdicción social, ya que se trata de un litigio derivado de su contrato de trabajo. No obstante, considera que la pretensión de inadmisión del recurso por no superar los 3.000 euros es procedente, aunque se admite el análisis de la cuestión de competencia.
Resumen: Se interpone recurso de suplicación por la persona demandante contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social, que desestimó su demanda sobre el acceso al Grado I de Carrera Profesional y el derecho a recibir un complemento desde el 1 de enero de 2019, alegando falta de jurisdicción por parte de la Administración demandada. La parte recurrente argumenta que, en el momento de presentar la solicitud y la demanda, mantenía una relación laboral temporal, y que su condición de funcionaria interina se adquirió posteriormente. La Sala de lo Social, al analizar la naturaleza de la relación laboral, concluye que efectivamente existía una relación laboral en el momento de la solicitud y la demanda, lo que otorga competencia a la jurisdicción social para conocer del asunto.
